Tensiones en la representación política

En una ocasión me encontré en el recinto legislativo con una legislador amigo, una buena persona, un hombre correcto, con ocasión de la aprobación de un proyecto de ley. Como se me había otorgado el beneficio de la cortesía de sala para participar en los debates, estuve asistiendo a la Asamblea por varios días consecutivos. Como no había visto al amigo legislador en los primeros días, solté sin malicia la pregunta que a cualquiera se le ocurriría: "¿Dónde has estado?" Con absoluta tranquilidad de conciencia, me dijo que había estado trabajando en su comunidad y a pesar de que las sesiones se habían iniciado hacía más de un mes, él no había podido asistir. Me habló con entusiasmo sobre todas las cosas que había hecho, las cuales eran absolutamente útiles y apreciadas por sus electores. Evidentemente, los proyectos que se discutieron durante la ausencia de este amigo y legislador tenían muy poca o ninguna incidencia en su comunidad y él tenía claro que su lealtad y responsabilidad estaban con la comunidad que lo había elegido. Ahora había tenido que asistir porque del partido lo habían llamado, ya que querían aprobar un proyecto y necesitaban su voto.

Lo primero que hay que subrayar es la normalidad de esta conducta. En la realidad que vivimos todos los días, no la que nos dicen que debemos vivir, no hay juicios de reproche, ni formales ni informales, contra los legisladores que se dedican a atender las necesidades de algunos miembros de su comunidad. Sean pobres, empresarios, trabajadores, o estudiantes, el grupo beneficiado lo agradece y otorga su respaldo a cambio. Por eso, los legisladores han entendido que para eso les "pagan".

La segunda conducta que llama la atención es la lealtad debida al partido en situaciones límite. Si el partido no necesita su voto, no lo llaman, y no viene. En determinadas materias, no en todas, las jefaturas de las bancadas se esfuerzan por infundir un poco de disciplina y asegurar los resultados. Ya sabemos que no siempre lo logran, pero esto no ocurre necesariamente por buenas razones. No voy a discutir aquí las malas razones que hacen fracasar la disciplina del partido, porque mi propósito es centrar la atención en el derecho constitucional y no en el derecho penal.

La representación política como la conocemos hoy es, pues, el resultado de dos tipos de relaciones: una clientelar con la comunidad, que se podría expresar como el intercambio de favores y votos, y un lazo de lealtad hacia el partido que lo postuló porque, como sabemos, sin postulación partidaria no hay acceso a la representación política. Si consideramos el conjunto de las curules como un bien que algunos individuos desean alcanzar, hay que llegar a la conclusión de que se trata de un mercado protegido en beneficio de un grupo establecido, y en detrimento de la eficiencia y calidad de la función que deben desempeñar.

La Constitución actual no ofrece una luz orientadora en esta materia, pues sus disposiciones no hacen más que reflejar esta situación. La fórmula constitucional dice que los legisladores "representan en la Asamblea Legislativa a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su Circuito Electoral". Los seres que se han erigido en defensores extremos de la letra de la actual Constitución, si son coherentes, habrán de reconocer que la condición reinante de la representación política no acusa ningún problema con su marco normativo. No sólo tenemos los legisladores que nos merecemos, tenemos lo que debemos tener.

En cuanto a la frase del mismo artículo 144 de la Carta Fundamental, que dice que los legisladores "actuarán en interés de la Nación", no debemos preocuparnos mucho porque las veleidades argumentativas que se han suscitado por estos días tratarían de convencernos de que lo que los legisladores hacen "es" el interés de la Nación. No importa qué, dónde ni cómo lo hacen. A pesar de que ésta es la manera como la clase política entiende la representación legislativa, nadie pone en duda que en la actualidad dicha forma de representación se encuentra en una crisis aguda.

Como las asambleas legislativas y los parlamentos son el máximo órgano de los Estados democráticos porque en ellos se forma la voluntad política de la nación, la crisis consiste en que la ciudadanía, a través de los medios de comuncación, expresa un rechazo permanente hacia los actuales titulares de los cargos. Ese rechazo es el resultado del deterioro de la credibilidad y la confianza depositada en el Órgano Legislativo. La cuestión de si los legisladores representan, o deben representar, a sus electores o a los partidos políticos, o a ambos, o como deben configurarse las tensiones que existen entre ambas instancias, no ha recibido la suficiente atención por parte de los legisladores mismos.

Sólo se experimenta una sensación de malestar cuando la verdad comprobable por todos es que los legisladores son una especie de grandes representantes de corregimiento, cuya misión en la vida, en el mejor de los casos, es buscar soluciones para algunas o muchas personas de la comunidad que representan, con mucho menos tiempo y dedicación a entender los grandes problemas nacionales. La sensación de malestar se agrava cuando descubrimos que hay normas constitucionales que parecieran indicar que los partidos están por encima de los electores, pues pueden decidir revocar el mandato de sus legisladores si éstos reniegan de la línea trazada por la dirigencia del colectivo.

¿Dónde queda la nación en medio de todo esto? Cómo se hace para "actuar" como legislador "en interés de la nación", independientemente de las demandas expresadas por los grupos organizados de la comunidad electora, o incluso contra estas demandas, circunscritas por intereses que son típicamente de alcance local, no nacional? ¿Cómo se hace para ser legislador y colocar a la nación en el justo sitial de los bienes imperecederos, independientemente de la maquinaria de los partidos, o incluso contra ella, si es necesario?

La respuesta de que son las personas las que hacen los cargos, y no los cargos los que hacen a las personas olvida que el diseño institucional define lo que es un buen o mal desempeño. Y es perfectamente posible y probable de que el "sistema" premie el mal desempeño y castigue el bueno. Son varios los casos que se pueden citar del pasado reciente y son más los casos que veremos en el futuro próximo.

Esto concretamente significa que el "sistema", expresión abreviada para indicar el conjunto de normas constitucionales, legales y consuetudinarias, premia el clientelismo y la lealtad incondicional a las camarillas dirigentes y castiga la gestión de aquellos que miran la nación como un todo, y legislan con el porvenir en la frente. El sistema no estimula la independencia de criterio, la actuación sobre la base de convicciones profundas, ni el heroísmo en las horas difíciles, porque todos estos valores pueden convertirse rápidamente en el vestuario de los mártires, chivos expiatorios, traidores y renegados.

Lo que es más extraordinario aún es que sabiendo que este es el sistema imperante y que así serán los productos que habrán de obtenerse en mayo del año próximo, tengamos confianza en que el futuro de paz y prosperidad nos aguarda a la vuelta de la esquina, siempre que sigamos manteniendo el actual orden constitucional.

Es poco probable que la institucionalidad democrática (separación de poderes, Estado de derecho, principio de legalidad, protección de los derechos fundamentales) se afiance a través de una representación política acusada de un grave déficit funcional. Como los sistemas poco funcionales también tienen sus beneficiarios, es poco probable que el sistema cambie por la vía institucional, ya que son los beneficiarios los que deciden sobre los cambios.

Es muy probable que el legislador amigo que mencioné antes sea reelegido en las próximas elecciones, ya que, además de ser buena persona, hombre correcto, sabe lo que tiene que hacer para triunfar dentro del actual sistema. En tanto amigo, espero que me escuche y comprenda la necesidad del cambio; en tanto legislador, que pronto se convierta en un líder nacional que propicie una fórmula política para lograr el cambio constitucional.
_____________________________________
El Panamá América, Martes 2 de diciembre de 2003